El Alto Tribunal dictamina que Euskadi carece de competencias para dar a los inmigrantes en situación irregular la tarjeta que abre la puerta a todas las prestaciones
El Gobierno vasco estudia la fórmula para seguir prestando atención sanitaria integral a los inmigrantes ‘sin papeles’ con tres meses de residencia en Euskadi. Esto es lo que se desprende de la intervención realizada ayer por el consejero de Salud en el Parlamento. Jon Darpón respondía a una pregunta de la diputada de EH Bildu Eba Blanco, quien se interesó por las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula un decreto del Ejecutivo autónomo de 2012. Este fallo impide a los extranjeros en situación irregular el acceso a todas las prestaciones del Servicio Vasco de Salud.
Hace cinco años, el Gobierno central -con Ana Mato como ministra de Sanidad- aprobó la reforma para ‘Garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud’, conocido como el decreto del ‘nuevo copago farmacéutico’ porque incrementaba la aportación por los medicamentos y eliminaba la gratuidad para los pensionistas. Sin embargo, la principal novedad fue que dejaba de aplicarse el principio de universalidad en el acceso a la sanidad porque, desde entonces, se vincula este derecho con la cotización a la Seguridad Social. Esta reforma excluyó a decenas de miles de personas y, en particular, a los inmigrantes en situación irregular, salvo que se tratara de embarazadas, menores o fueran a Urgencias.
En Euskadi, el Ejecutivo del socialista Patxi López se opuso a estas medidas con un decreto que mantenía los medicamentos gratuitos para los pensionistas y conservaba para todo el mundo la tarjeta individual sanitaria (TIS). El Gobierno de Rajoy recurrió esta decisión ante el Constitucional y pidió su suspensión en tanto no hubiera sentencia. En diciembre de 2012, el Alto Tribunal resolvió en un fallo provisional que Euskadi tenía que aplicar el mismo copago que el resto de España, pero respaldaba la decisión de mantener la asistencia a los inmigrantes.
«Competencia del Estado»
La sentencia definitiva llegó la semana pasada. El Constitucional ha dictaminado en contra de la norma vasca por entender que invade competencias del Estado. Sostiene que las comunidades autónomas no pueden «determinar» quiénes pueden acceder al sistema sanitarioporque este aspecto está regulado «por normativa básica» estatal. En consecuencia, impide a los inmigrantes irregulares tener todas las prestaciones. Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco modificó hace unos días el decreto ahora anulado para dar cobertura a los ‘sin papeles’ con tres meses de padrón, en vez de un año como hasta ahora.
En su contexto
- Abril 2012
- El Gobierno central aprueba el nuevo copago y excluye a los ‘sin papeles’ de la sanidad.
- Junio 2012
- El Gobierno vasco aprueba un decreto para neutralizar el de Madrid. El Constitucional le obliga a implantar el copago.
- Noviembre 2017
- Fallo definitivo del Constitucional: al anular la norma vasca, excluye a los inmigrantes irregulares de la asistencia.
La sentencia del Alto Tribunal no afecta al copago porque ya se está aplicando tal y como lo diseñó Ana Mato. Las ayudas que el Gobierno vasco da para compensar el gasto a jubilados y parados con rentas inferiores a 18.000 euros anuales no se ven afectadas porque no están recogidas en la norma deslegitimada por el Constitucional.
Mientras la parlamentaria Eba Blanco consideró ayer que el Gobierno vasco «ha fracasado en la defensa del autogobierno», el consejero de Salud aseguró que «defenderemos el carácter universal del sistema sanitario de Euskadi y lo defendemos con acciones concretas». No especificó cuáles serán.
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